Me gustaría que la controversiaentre el estado costarricense y la firma constructora brasileña OAS, se resolviera sin que el país tuviera que hacer ningún pago. Pero eso podría no ser justo. Si las acciones se apegaron alas leyes de concesiones y de la contratación administrativa, y luego sin intervención de la compañía oferente se interrumpió el proceso, habrá que resarcir de alguna manera a esa compañía los perjuicios sufridos.
El gobierno ha elegido el camino de nombrar un agente que promueva la resolución de la controversia. Antes de buscar a ese agente, el gobierno debería señalarlo que sería aceptable o inaceptable como punto de partida. Por ejemplo, sería inaceptable que la Compañía quisiera obtener parte del beneficio que hubiera obtenido si hubiera ejecutado la obra. Nadie contabiliza la ganancia de un contrato cuya ejecución no ha iniciado, porque esa ganancia es apenas una expectativa. No debe existir lucro inmerecido. Ni atención de perjuicios desproporcionados o no razonables. Sí es posible que la Empresa haya incurrido engastos previos al inicio de la obra. Pero si lo hizo al margen del contrato, lo hizo bajo su propio riesgo.
Imagino que el gobierno sugerirá tres agentes escogidos de países donde la corrupción no sea un deporte nacional.A mí me daría mucha confianza un agente noruego, por ejemplo. De ese agente, quisiera transparencia y diligencia. Un agente venal podría ceder a presiones de las partes, y en este caso, imagino que tiene más libertad de acción para presionar, una empresa privada que nuestro gobierno.
La otra duda que permanece es la de cómo podemos, como habitantes de esta nación, confiar en que el Gobierno desplegará la acción necesaria para que el país obtenga el mejor resultado. Esto normalmente se supone, pero ¿Es prudente suponerlo en las actuales circunstancias? Este round de la accidentada historia de esta carretera, va a merecer el más esmerado control ciudadano, el cual necesita para su ejercicio de la mayor publicidad y transparencia.